En concreto, se trata de un impuesto «sobre los beneficios extraordinarios» de las grandes empresas energéticas que recaudará 2.000 millones de euros y un gravamen extra a los bancos que se están beneficiando de la anunciada subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) con el que pretende ingresar para las arcas públicas unos 1.500 millones de euros.
Estos anuncios tuvieron ayer impacto en el Ibex 35 que lideró los descensos entre las bolsas europeas, con caídas superiores del 5% entre los bancos y algo menos gravosas en las eléctricas, ya que el mercado ya conocía los planes del Gobierno desde hace algunas semanas. El sector bancario y eléctrico supone el 46,65% del valor total del selectivo español: Iberdrola supone el 14,59%, Banco Santander el 10,58%, BBVA un 6,55%, Caixabank un 5,05%, Repsol un 4,59%, Endesa un 1,86%, Naturgy un 1,21%, Bankinter un 1,19% y Banco Sabadell un 1,03%. Es decir, entre nueve corporaciones supone casi la mitad de la capitalización de todo el Ibex 35.
Los mayores descensos se vieron este martes, sobre todo, en la banca doméstica -Banco Sabadell, Caixabank y Bankinter- que tiene una exposición total a los tipos de interés que aplica el BCE y que estaba llamada a beneficiarse vía un mayor margen de intereses. La banca internacional como es BBVA y Banco Santander tiene ingresos más diversificados y una sensibilidad menor a los tipos del BCE.
La intención del Ejecutivo español es gravar las ganancias extraordinarias que obtienen por la situación económica y afectarán a sus cuentas de resultados durante dos años. “Este Gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos”, apuntó Pedro Sánchez este martes en el Congreso. “Pedimos a las grandes empresas que cualquier beneficio suplementario derivado de esta situación revierta en los trabajadores”, defendió.
El Gobierno quiere que estos dos incrementos fiscales se tramiten como proposición de ley y entrará en vigor este mismo año. Esta fórmula acelera la tramitación y evita los procesos e informes que necesitan los anteproyectos de ley que aprueba el Consejo de Ministros. El impuesto a las energéticas no será deducible en Sociedades y se controlará que no se repercuta al consumidor.
Anne Grammatico, analista de Scope Ratings
Si el Gobierno español aumenta los impuestos a las empresas de servicios públicos, los beneficios de las compañías se verán impactados. No obstante, en el caso de Iberdrola y Endesa, podemos esperar que el efecto sea más moderado dada su diversificación geográfica.
Dicho esto, cualquier subida de impuestos y la falta de previsibilidad de la política fiscal del Gobierno español corren el riesgo de comprometer el calendario y el volumen de inversión de capital de las empresas, que es vital para la transición de España hacia un futuro con menos emisiones de carbono. Con menos beneficios retenidos por el impuesto, las empresas de servicios públicos podrían pedir más préstamos para seguir invirtiendo, lo que provocaría un deterioro de su nivel de apalancamiento.
En este punto, cabe recordar que, en septiembre de 2021, el Gobierno español dijo que aplicaría un impuesto extraordinario durante seis meses a los operadores de electricidad con el fin de recaudar fondos para subvencionar a los consumidores finales en respuesta a la subida de los precios de la electricidad en el mercado minorista. Sin embargo, el Gobierno se retractó al mes siguiente tras las quejas de las compañías españolas. Uno de los factores que influyó en la marcha atrás del Ejecutivo español fue que los Estados miembros de la UE no habían aplicado impuestos similares. En ese momento, Iberdrola estimó que el coste de esa medida rondaría los 2.000 millones de euros al año. En su informe correspondiente a los nueve primeros meses de 2021, Iberdrola declaró que el impacto fiscal de la aplicación de este impuesto durante dos semanas fue de 85 millones de euros.
Alberto Fernández Carnicero, gestor de renta variable de Mutuactivos
Si nos fijamos en la última reforma fiscal que ha hecho Italia y lo extrapolamos al caso español, es verdad que en España ha habido mucho ruido pero no hay nada en firme. Nosotros hemos un cálculo de que el impacto en el beneficio neto del sector sería de entre un 2% y un 5%, lo que pasa es que mirando un poco más a largo plazo el impacto en beneficios extraordinarios que podrían tener las eléctricas, en este caso Iberdrola y Endesa, por tener precios más altos, no están recogidos en las valoraciones del consenso de los analistas.
Esto lo que quiere decir es que el impacto en el beneficio neto sería limitado y sólo hasta 2024. Por lo que creemos que ya está recogido en precio tanto en Endesa como en Iberdrola y por eso las tenemos en cartera y porque pensamos que a largo plazo sí tienen potencial si nos aislamos de este efecto de corto plazo. Sin embargo, creemos que este ruido regulatorio no es bueno a corto plazo para estas compañías en la medida que la prima de riesgo se pueda ampliar. A largo plazo son dos compañías que nos gustan muchísimo sobre todo cuando ese riesgo en valoración está tan acotado.
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