La semana pasada el Congreso dio luz verde al nuevo impuesto a la banca, en el mismo paquete de medidas que el nuevo gravamen a las energéticas. Ahora el texto, con las últimas enmiendas incluidas como la petición de PNV de que afecte a todas las entidades que operan en España, pasará el Senado para completar su tramitación en las Cortes.  

Este lunes, la reacción de los bancos del IBEX 35 no se ha hecho esperar y, en el marco del XIII Encuentro financiero organizado por KPMG y Expansión, las grandes entidades financieras han adelantado la actitud que tomarán ante ello.

En general, todos los bancos del Ibex han advertido de los efectos que tendrá el nuevo impuesto a la banca, al considerar que no será bueno para la economía en este momento de incertidumbre y que puede acabar frenando el crédito.

La posición más asertiva es, por el momento, la de Bankinter. La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha confirmado que el banco recurrirá el impuesto a la banca «al día siguiente de pagarlo», pues considera que se trata de un gravamen «discriminatorio, confiscatorio y que no responde a ninguna justificación técnica». «No nos queda otra opción que acatarlo y eso vamos a hacer en Bankinter. ¿Vamos a recurrirlo? Al día siguiente de pagarlo, sin ninguna duda. Lo vamos a hacer porque nos parece un impuesto injusto, discriminatorio y confiscatorio que no responde a ninguna justificación técnica», ha afirmado.

Asimismo, la consejera delegada ha explicado que la decisión de presentar un recurso al gravamen no responde solo al daño que este pueda infligir a los clientes y accionistas de Bankinter, sino porque considera que el banco debe luchar para que el sistema tributario español «sea sólido y sostenible y que no responda a criterios emocionales o a simples caprichos».

Caixabank no tiene decidido todavía si recurrirá ante la Justicia el impuesto del 4,8% a las comisiones e intereses de la banca que ha planteado el Gobierno, ya que está esperando a que se apruebe el texto final en el Senado para adoptar una decisión en consonancia con sus «obligaciones fiduciarias». «Si el texto final contiene elementos que, desde nuestro punto de vista, [nos hace pensar] que no es conforme a derecho, nuestra obligación es recurrirlo», ha indicado el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar.

BBVA también ha explicado que aún no ha tomado ninguna decisión acerca de plantear algún tipo de recurso legal contra este impuesto y que «se decidirá a su debido tiempo». No obstante, el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha esgrimido que la entidad está en «total desacuerdo» con la argumentación del Gobierno y ha cuestionado qué beneficios extraordinarios está teniendo el sector financiero. «¿Que los tipos de interés sean positivos es algo extraordinario»?, ha indicado durante su intervención.

El consejero de BBVA también ha argumentado que existen multitud de estudios académicos que indican que los impuestos de este tipo restringirán la capacidad de préstamo del sector y, por tanto, afectará a la economía real. «No es el momento adecuado», ha proseguido, asegurando que es necesario invertir en sostenibilidad.

Por su parte, el responsable regional de Europa y consejero delegado de Banco Santander España, Antonio Simões, ha asegurado que el consenso actual de la banca y de supervisores como el Banco Central Europeo (BCE) es que este gravamen «no es la mejor forma de combatir la inflación» y ha afirmado que el objetivo de recaudar 3.000 millones de euros a través de esta figura sobre márgenes netos de interés y comisiones netas «equivale a 50.000 millones de crédito a nivel sectorial». Para Banco Santander, esta medida se produce en un momento en el que la banca «tiene que ser parte de la solución». «Nos parece la medida equivocada», ha sostenido.

Asimismo, ha resaltado que este gravamen afecta a los pequeños accionistas, al poder influir sobre la valoración de la banca en Bolsa. En este sentido, ha señalado que la rentabilidad de Santander España se encuentra en el 8,8%, todavía por debajo del coste de capital. Por último, cree que el impuesto es muy negativo para la competitividad y que genera «inseguridad jurídica» para los inversores, y ha recordado que el sector ya paga un 30% del Impuesto de Sociedades, y que contribuye con otros cargos, como las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos o al Fondo Único de Resolución.

En el texto del nuevo impuesto se recoge que no puede trasladarse este a los clientes, algo que ya había pedido el BCE en su análisis sobre los tributos a la banca, donde se recogía que no estaban a favor de este tipo de gravámenes. En este sentido, se ha pronunciado el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno. Él cree que la banca debería repercutir el impuesto temporal al sector de alguna forma, como establecen las directrices de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y del BCE, y ha avisado de que los clientes «lo pagarán por aquí en vez de por allá».

González-Bueno ha criticado que el impuesto a la banca se ha construido «muy mal, muy deprisa» y con motivos que «no necesariamente son de mayor eficiencia para la economía en general». Según ha resaltado, la ley dice que la nueva prestación no puede trasladarse a los clientes, pero las directrices de la EBA especifican que las instituciones financieras deben reflejar en el precio de sus préstamos todos los costes relevantes, incluidos los impuestos, al tiempo que el dictamen del BCE sobre el gravamen señala que espera que las instituciones financieras consideren y reflejen en el precio de sus créditos todos los costes relevantes incluidos los impuestos. «¿Entonces ahora qué hacemos? ¿Con quién cumplimos? Este es el problema de legislar deprisa y de saltarse los procedimientos y eso no es en absoluto recomendable, por lo tanto, evidentemente, el impuesto nos parece mal», ha apostillado.

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