Enfocados a tres ejes prioritarios: proyectos de digitalización de pymes, sostenibilidad o abandono de fuentes de energía (carbón, petróleo o gas) perjudiciales para el medio ambiente. Patronales y firmas de servicios profesionales explican los pormenores de los 150.000 millones de euros que, entre recursos del Next Generation EU y planes de inversión del septenio presupuestario 2021-27 España está en disposición de asumir. Un cheque al portador equivalente al 12% del PIB nacional. 

España activa su estrategia de asignación y gestión de fondos europeos para espolear el despegue

El informe del departamento que dirige Nadia Calviño reconoce que la hostelería y la industria del entretenimiento permanecerán este año con un 25% menos de actividad. Pero no se beneficiarán de forma significativa del Plan de Recuperación. Al menos, este ejercicio. Así lo admiten el equipo de asesores de la vicepresidenta segunda en su hoja de ruta. La táctica gubernamental pasa por que las empresas de estos segmentos productivos se beneficien de tres de los programas fiscales con cargo a los presupuestos españoles. Uno para apoyos directos, que se distribuirá a través de comunidades autónomas, y que pretende compensar la pérdida de ingresos a empresas por daños colaterales de la Gran Pandemia, e incluidos en el marco de los subsidios de 11.000 millones que aprobó el Ejecutivo el pasado mes de marzo. A los que se sumarán 2.000 millones procedentes del fondo europeo React EU. El propio presidente Pedro Sánchez señaló a la hostelería y el ocio como los grandes receptores de estas ayudas. El segundo mecanismo ajeno a los recursos de la UE al que pueden acceder las empresas está diseñado para reforzar su solvencia y que sitúa al ICO y la banca como canalizadores de préstamos para acometer ineludibles procesos de reestructuración y aliviar una factura de deuda que ha aumentado, en términos netos, en 50.000 millones desde el inicio de la crisis sanitaria. El tercero de los instrumentos es un fondo para capitalizar empresas; sobre todo de mediana dimensión, similar al que se ha puesto en marcha por la SEPI para grandes compañías y que, en el caso de las pymes, tendrá como institución nuclear a la empresa pública Cofides, que se encargará de inyectar el capital. 

Los fondos europeos -explican desde el servicio de estudios de BBVA- “no tratan únicamente de superar la recesión heredada del Covid-19, sino de afianzar y vertebrar una economía, la europea, asentada sobre la neutralidad energética y la vanguardia tecnológica”. Por ese motivo, “las ayudas europeas estarán dedicadas principalmente a financiar proyectos pertenecientes a los ámbitos de la digitalización de las pymes, la sostenibilidad o, en paralelo, el abandono de fuentes de energía (carbón, petróleo o gas) perjudiciales para la viabilidad del medio ambiente”. Y, con ellos, todo lo relacionado con las infraestructuras. Porque la UE señala a la ecología el ingrediente central sobre el que ha de cimentarse la Europa del futuro. Medio Ambiente y Transformación deben, por tanto, ir de la mano -aseguran los analistas del banco- “con el propósito de promover valores, hábitos y prácticas de consumo respetuosos con los ecosistemas”. De ahí que los recursos doten proyectos que profundicen en aspectos como la reducción de la huella de carbono, la movilidad sostenible y la transición a fuentes de energía renovables y limpias. Y ello incluye también obras que optimicen la eficiencia energética de edificios y otras infraestructuras. El objetivo verde pasa por alcanzar un modelo de economía circular, en la que los residuos sean reciclados y reutilizados como materia prima, reduciendo de esta manera el grave impacto que la actividad humana ejerce en el medio ambiente. De igual modo, las ayudas serán decisivas y están enfocadas a financiar la construcción y modernización de infraestructuras de telecomunicaciones, interconectar zonas despobladas -con la instalación de fibra óptica y de nuevos repetidores de señal-, reforzar la ciberseguridad de los usuarios, abogar por el uso responsable de los datos personales e incentivar el e-commerce. 

“El mundo tiende hacia una digitalización absoluta donde tanto la conectividad como la velocidad de navegación se verán multiplicadas por la implantación de las nuevas redes 5G, que impulsará el Internet de las Cosas” -explican en BBVA-, donde tienen cabida los planes de inversión del sector de la automoción -fabricación de vehículos inteligentes y menos contaminantes, el sanitario y el de la cadena agroalimentaria. O acciones encaminadas a digitalizar centros de enseñanza. Para el que Lucas Gortazar, director de Research y senior fellow de Educación en Esade-EcPol propone un plan de 10.000 millones, con cuatro ejes de inversión: de rescate por la crisis de aprendizaje causada por el cierre de escuelas, en infraestructuras físicas y digitales, en formación y capacitación de los actores clave del sistema que pueden facilitar el éxito de las inversiones y transformaciones que deben lanzarse durante los próximos años y en digitalización de la gestión educativa, mediante la modernización de las plataformas de gestión y uso de datos. Toni Roldán, director de EsadeEcPol, insiste en que el arsenal monetario que recibirá España debe contribuir a cerrar la brecha con sus socios del norte. Tanto en materia laboral, como de género y educativas, o la que separa a grandes empresas de las pymes. La batalla es la ganancia de productividad y, por ende, de competitividad en un patrón de crecimiento distinto, que será digital y sostenible, y que emergerá en el próximo e inminente ciclo de negocios post-Covid. 

Prioridades estratégicas del plan español

Miguel Laserna, socio de Financial Advisory de Deloitte, señala, como prioridades en el ámbito de las infraestructuras, que las Administraciones Públicas “realicen una adecuada planificación de las necesidades, que deberían sustentarse en análisis rigurosos tipo coste beneficio, tanto económico como social”. Porque España “sigue siendo deficitaria en redes de transporte, medioambientales y sociales, donde nuestras ratios de inversión son inferiores a los de otros países europeos”. Al igual que sería necesario solventar ciertas barreras impuestas por la estructura competencial de nuestra administración. Otra recomendación que desliza Laserna al Gobierno español es el impulso hacia la colaboración público privada, “esencial si se quiere generar un efecto multiplicador del capital público para desarrollar nuevas infraestructuras”. En un momento en el que se dispondrá de una inyección de liquidez abundante en el mercado de capitales. Aunque este estadio “sólo se hará realidad si se adapta el marco regulatorio para que favorezca una adecuada distribución de riesgos y recompensas y conduzca a la obtención de una tasa de retorno razonable”, lo que implica, por ejemplo, derogar o modificar la actual Ley de Desindexación.

También en el ámbito de las infraestructuras, Cándido Pérez, socio responsable de Transportes, Infraestructuras y Gobierno de KPMG en España, afirma que el Plan de Recuperación no es sólo un impulso a la recuperación económica sino también un plan de transformación y, en este sentido, “es especialmente necesario que dentro del plan se contemplen de forma clara y ambiciosa todos los objetivos de transformación en las principales políticas palancas y componentes que se han decidido”. La definición rigurosa de reformas y proyectos de inversión es la base de esta capacidad para transformar nuestra actividad económica, enfatiza. A su juicio, los recursos Next Generation son un instrumento financiero cualitativamente diferente a los fondos estructurales que hemos conocido hasta ahora”. En especial, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que tiene como objeto ayudar a la transformación de la economía y las sociedades de los países europeos y, fruto de ello, contiene una fuerte condicionalidad respecto de la eficacia de las reformas y los proyectos de inversión con carácter transformador que se incluyen en el mismo”. 

La ejecución en este caso no consiste solo en ser capaz de ejecutar los proyectos, sino que además a través de ellos y de las reformas que se contienen, se alcancen los objetivos que se tienen que especificar en el plan, explica Pérez. El socio de KPMG cree que este concepto supone un cambio radical en el mecanismo de ejecución de Fondos que conocemos hasta el momento, puesto que se tiene que tener en cuenta no sólo la propia ejecución de los proyectos, sino la consecución del objetivo y en la definición de las reformas y de las normas; es decir, no solo cumplir el hito de aprobar la modificación normativa, sino que, además, la regulación contribuya al cumplimiento del objetivo”. Por otra parte -resalta- “es imprescindible para garantizar la correcta ejecución de los Fondos la colaboración, como recomienda el Consejo de Europa, entre los distintos niveles de la Administración Pública española, el establecimiento como exige el reglamento del mecanismo de una correcta definición de los procedimientos de gestión y de control y verificación de los Fondos incluidos en el Plan de Recuperación, así como la participación de organizaciones y operadores públicos y privados en la ejecución de los Fondos”. Porque, “sin ellos, será imposible alcanzar los ambiciosos objetivos de ejecución de proyectos de inversión y reformas que se van a incluir en el Plan de Recuperación”.

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En este contexto, algunas patronales implicadas en la recepción de los recursos europeos, como la de la gran construcción, Seopan, o Tecniberia, la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos, acaban de hacer llegar al Gobierno, forma conjunta, nada menos que 2.277 actuaciones financiables por el Fondo de Reconstrucción europeo que totalizan 100.428 millones de euros de inversión. “El impacto económico de estos flujos de capital creará más de 1,4 millones de nuevos empleos a tiempo completo hasta el año 2026, además de 46.292 millones de retornos fiscales y 190.583 millones de actividad económica inducida. Su planning de actuación financiera se desglosa en 12.700 millones de euros, (el 12,7%) en subvenciones a cargo de los recursos europeos y 87.500 millones, (el 87,3%) de capital privado, “logrando así un efecto multiplicador de casi 7€ de financiación privada invertidos por cada euro de subvención europea”. 

Las actuaciones se agrupan en 11 mega-proyectos tractores (MPT): el MPT1, para rehabilitación de viviendas y regeneración urbana (1.500 planes); el MPT2, para la depuración de aguas y redes de saneamiento (213 planes); el MPT3, para la prevención de avenidas (147 planes); el MPT4 o Plan de residuos, con 32 actuaciones; el MPT5 de transporte público, con 84 actuaciones; el MPT6, destinado al transporte de ferrocarril de mercancías y convencional (58 planes), el MPT7 contiene iniciativas sobre movilidad urbana y 243 actuaciones; el MPT8, de movilidad segura, conectada y sostenible, al que se suman otros tres, el MPT9, de Equipamiento público -refuerzo de las redes de infraestructura sanitaria-, el MPT10, de transformación digital y ecológica y el MPT11 en el que se incorporan reformas legales e incentivos fiscales, una serie de propuestas de cambios normativos -especifican- sin dotación económica, pero necesarias para “agilizar y facilitar tanto la contratación como la ejecución de todas estas actuaciones”.

El primer plan plantea invertir 15.000 millones de euros en rehabilitar, hacer accesibles y mejorar la eficiencia energética de hasta 750.000 viviendas, generando más de 211.000 empleos a tiempo completo y más de 4.800 millones de retorno fiscal. Mientras que el de depuración de aguas, por su parte, movilizaría 3.810 millones para realizar las inversiones en agua y redes de saneamiento necesarias, con el fin de cumplir con las directivas europeas y mejorar la calidad del agua, lo que beneficiaría a cerca más de 2,1 millones de personas. El proyecto de prevención de avenidas abre la posibilidad a la construcción de presas y es el que obtiene la ratio coste-beneficio más elevado de todas las tipologías de infraestructuras analizadas, por la reducción de daños económicos a la población, y otras medidas de prevención como encauzamientos o contención, con una inversión, en total, de 1.397 millones de euros. El plan de residuos, por su lado, propone una inversión de 5.390 millones en tratamiento y valorización de residuos depositados en vertedero, ya que España deposita en vertedero 5 millones de toneladas de vertidos directos y 7,6 Mt sobre los que no se aplica ninguna valorización energética. 

El plan de transporte público y movilidad incluye 24.745 millones de euros en metros y tranvías (124 kilómetros de nuevas líneas) y cercanías (700 kilómetros de nuevas líneas), dirigidas a dar una mejor atención a la demanda de estos servicios por el incremento de la población urbana, por la disrupción tecnológica en el vehículo y diferentes formas de viajar, o por el alza de la congestión viaria, que provoca un coste de 5.500 millones, así como para atender la superación, por parte de algunas regiones, de los límites de contaminación anual (NO2 y PM2,5). El potencial empleo que se generará con estas actuaciones se eleva hasta los 346.427 puestos de trabajo. Igualmente, el plan de transporte ferroviario de mercancías, de 14.469 millones de euros de inversión total, pretende resolver la ineficiencia de que España tenga la menor cuota de este tipo de transporte de toda la UE (inferior al 4%), cuando es 5 veces más eficiente (energía consumida por unidad de transporte) que la carretera y tiene un nivel de emisión de gases efecto invernadero 5 veces inferior. Con una capacidad de empleo generado de 202.566 contrataciones. La inversión de 9.934 millones en movilidad urbana -vías urbanas, aparcamientos disuasorios y soterramientos urbanos- se dirigiría a reducir costes económicos y ambientales y maximizar el beneficio de los usuarios en términos de ahorro de tiempo de viaje y seguridad. Por su parte, los 20.151 millones en movilidad segura, conectada y sostenible “irían destinados a rebajar la accidentalidad de las vías convencionales, ampliando la capacidad de éstas y poniendo a cero la red de carreteras y a la adaptación de la movilidad eléctrica, conectada y autónoma”. 

Respecto al plan para reforzar la estructura sanitaria, con una dotación de 4.784 millones de euros de inversión, iría encaminado a reducir a cero las listas de espera del Sistema Nacional de Salud y a alcanzar la ratio promedio OCDE de capacidad asistencial anual hospitalaria, que requiere de 12.592 nuevas camas hospitalarias, ya que España obtiene una ratio un 33% inferior a la media OCDE.

Por último, en la transformación del sector de la construcción, se contempla una inversión de 750 millones de euros en actuaciones en infraestructuras de digitalización, robótica, economía circular y materiales o creación de laboratorios e implantación de nuevas herramientas. 

Según Julián Núñez, presidente de Seopan, “España afronta el reto de inyectar a la economía, en un lustro, 72.000 millones procedentes de las ayudas europeas, lo que implica abordar con cargo a los fondos Next Generation y justificar su adecuación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a cuyo cumplimiento está estrictamente condicionada la concesión de las ayudas”. En parecidos términos se expresa el presidente de Tecniberia, Pablo Bueno, para quien España “tiene ante sí una oportunidad única de modernizar el país y, de paso, de reactivar la economía, pero para que nuestra inversión sea eficaz debemos invertir lo necesario en proyectos y en control de calidad de lo que ejecutamos”. Este plan de inversiones -explica-, en lo que se refiere al sector de ingeniería, representaría 30.000 empleos directos y sostenidos en Consultoría de Ingeniería, Edificación y Servicios Tecnológicos. “Su trabajo será uno de los factores clave para asegurar el éxito de este ambicioso plan y las firmas de Tecniberia están plenamente preparadas para asumir el reto”.

La AEB, la patronal de la banca, cuya canalización de los recursos a las empresas será vital para un resultado eficiente de la gestión de la financiación europea y añadir capilaridad a la distribución de los fondos, considera que las inyecciones monetarias “bien orientadas y gestionadas, permitirán que la economía europea, y dentro de ella la economía española, recupere el terreno perdido en transformación digital en la última década”, dice su portavoz, José Luis Martínez, en declaraciones a Estrategias de Inversión. En su opinión, “los fondos pueden impulsar proyectos innovadores y sostenibles y, en paralelo, ayudar a una modernización de sectores tradicionales intensivos en empleo”. Aunque, “a corto plazo, resultará fundamental recuperar el empleo perdido en la crisis y hacerlo compatible con reformas que se encaminen a un aumento del crecimiento potencial”. Los bancos -señala Martínez- “parten con ventaja ante la necesidad de avanzar en eficiencia, ya que están acostumbrados a adaptarse a escenarios complejos y competitivos donde el cliente ha de ser el principal beneficiado”. Porque “llevan la innovación y la capacidad de adaptación impresas en su ADN, algo que se evidencia necesario en la actualidad para el conjunto del tejido empresarial, ante la magnitud del desafío que supone la reconstrucción y la recuperación económica”. Los bancos -precisa- también pueden ayudar con su experiencia y conocimientos en este proceso de transformación. 

Para la AEB, “ahora, las prioridades económicas pasan por preservar el tejido productivo, mientras superamos la enfermedad y se sientan las bases de una economía más sostenible e inclusiva”. Un esfuerzo que, a juicio de su portavoz, “debe ser conjunto y de cada parte por separado”, ya que “nos jugamos demasiado de no hacerlo así”. El sector bancario -destaca Martínez- “lo tiene muy claro, de ahí sus constantes esfuerzos por mejorar en eficiencia, fortaleza y rentabilidad para cimentar este futuro económico que todos deseamos”. Pero, al mismo tiempo, es importante que las autoridades nacionales y europeas cumplan con su misión de culminar una unión bancaria que permita un sector bancario europeo con menor exceso de capacidad, más sostenible, estable y eficaz, y que compita en igualdad de condiciones con el resto de los bancos internacionales. “Las autoridades deben adaptarse a la transformación digital financiera, como lo hace el propio sector, para proteger al consumidor y garantizar la estabilidad financiera ante la entrada de las grandes empresas tecnológicas sometidas a una regulación y supervisión más laxa que la de los bancos”.