El Gobierno español implementó el denominado escudo ‘antiopas’ entre marzo de 2020 y finales de 2023 con el objetivo de regular las inversiones extranjeras en compañías nacionales estratégicas. Esta medida se estableció en respuesta a la pandemia de Covid-19 y el temor a posibles desembarcos de inversores extranjeros con intereses más allá de lo comercial.

La normativa establece que el Gobierno debe autorizar las operaciones en empresas estratégicas cotizadas en las que una empresa extranjera pretenda superar el 10% del capital, o el 5% en casos relacionados con la defensa nacional. También aplica a empresas no cotizadas en las que la inversión supere los 500 millones de euros.

Sin embargo, durante el periodo comprendido entre marzo de 2020 y finales de 2023, el Gobierno español evaluó un total de 264 solicitudes de operaciones sujetas al régimen de autorización previa de inversiones extranjeras. De estas, solo una fue rechazada en 2022, y otra operación se desestimó antes de la resolución del Gobierno en 2020.

En 2020 se evaluaron 29 solicitudes, en 2021 aumentaron a 55, en 2022 se elevaron a 83 y en 2023 se alcanzaron las 97 transacciones sujetas al escrutinio del Gobierno.

Medidas de mitigación de riesgos

La normativa contempla la posibilidad de autorizar operaciones con la aplicación de medidas de mitigación de riesgos, similar al procedimiento utilizado por la Comisión Europea. Estas medidas pueden incluir garantizar el suministro de bienes o servicios fundamentales, limitar el acceso a información sensible por parte del inversor extranjero y evitar la pérdida de soberanía en áreas críticas como la tecnología.

Según la Secretaría General de Inversiones Extranjeras, la mayoría de las operaciones de inversión extranjera entre 2020 y 2023 se aprobaron sin la aplicación de medidas de mitigación de riesgos.

Telefónica y Talgo bajo escrutinio

Dos operaciones actuales deben someterse al escrutinio del escudo ‘antiopas’: el desembarco del operador saudí STC en Telefónica y la oferta pública de adquisición de la húngara Magyar Vagon sobre Talgo.

Sobre la primera operación, la teleco saudí adquirió el pasado septiembre y de forma sorpresiva un 9,9% de Telefónica en una transacción valorada en 2.100 millones de euros. Debido a la normativa sobre inversiones extranjeras y al vínculo de Telefónica con la seguridad nacional, para que STC pueda superar el 5% en el capital de la teleco española debe remitir al Ejecutivo una carta en la que explique sus intenciones en la compañía, como por ejemplo si quiere un asiento en el consejo de administración o no.

A pesar de que este movimiento de STC ha provocado que el Estado haya adquirido a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) un 10% de Telefónica por casi 2.285 y que la entidad ya cuente con un consejero en la teleco (Carlos Ocaña Orbis), todavía se desconoce si la operadora saudí ha pedido permiso al Gobierno para superar el 5% en la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete.

En cuanto a la OPA de 619 millones de euros lanzada sobre Talgo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado esta misma semana que existen distintas “posibilidades” y “opciones” y ha añadido que el Gobierno está analizando la operación desde una óptica “legal”.

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